OPINIÓN

“No es la primera vez que sabemos de alguien que paga por matar. Hace unos meses un guerrillero mató a un compañero suyo y le arrancó una mano como prueba para cobrar el pago ofrecido por el gobierno de Uribe y no fueron 500 mil pesos, como en Chía, sino 5 mil millones”

Nadie puede dudar que la muerte de Luis Santiago, el niño de Chía, sea un hecho atroz que encierra una crueldad tan grande que inundó al país de dolor, de pena y de una gran incertidumbre sobre el desplazamiento que han tenido en Colombia los límites de la maldad.

Que todo el país se haya manifestado para rechazar que un padre haya pagado 500 mil pesos para secuestrar –y posiblemente asesinar- a su hijo, es esperanzador, es lo justo y lo mínimo que uno debería esperar de la especie humana. Nadie, absolutamente nadie, debería contratar, pagar, incentivar de manera alguna la ocurrencia de la muerte en el ser humano, sea éste un niño, un grande, un rico o un feo. Por eso, la petición del pueblo en el sentido de que se fijen penas muy severas a los autores intelectuales y materiales de estos hechos, es bienvenida pero que no sea solamente en el caso de los niños sino en todos, o es que ¿favorecer la muerte, propiciarla, matar o mandar matar a un adulto o a un anciano es menos grave?

El dolor es grande, casi se puede tocar con las manos; el rechazo es total, unánime y eso está bien, eso significa que aún sentimos, que nos duele la maldad y que estamos dispuestos a hacer lo que podamos para enfrentarla y desterrarla.

Lo primero que, se me ocurre, podríamos hacer es darnos cuenta que el caso de Chía no es el primero de una muerte espantosa, ha habido muchos más en la historia reciente del país. No es la primera vez que sabemos de alguien que paga por matar. Hace unos meses un guerrillero mató a un compañero suyo y le arrancó una mano como prueba para cobrar el pago ofrecido por el gobierno de Uribe y no fueron 500 mil pesos, como en Chía, sino 5 mil millones que no eran del patrimonio personal del presidente sino de los fondos públicos, es decir, de lo que todos pagamos en impuestos.

En otras palabras, Uribe oficializó, legalizó, el pagar por matar pero, fíjense cómo es la doble moral del pueblo, en este caso poco faltó para que las gentes de buen corazón organizaran otra gran marcha de apoyo al presidente. ¿Qué es más grave, que un padre –a escondidas- pague porque secuestren y asesinen a su hijo o que el presidente de la República haga toda la publicidad del mundo para que quien sea entregue vivo o muerto a un hijo de la patria y le pague un dineral por ello?

En este país, desde la propia presidencia de la República, se instauró la cultura de la muerte, del pagar por matar, y el pueblo cayó en el juego porque no tiene la capacidad de ver más allá de la punta de la nariz. Lo curioso de todo este cuento es que después del justo rechazo a la maldad encarnada en el padre de Luis Santiago, mañana, todos ellos, apoyarán con igual o mayor vehemencia la bondad encarnada en el padre de la patria.

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